PROPUESTA: Solicitar a la Comunidad de Madrid que implante en nuestra ciudad las potestades que le otorga la Ley en materia de Vivienda

Objetivo: Solicitar formalmente a la Comunidad de Madrid el desarrollo de la Ley de Vivienda que permita declarar zonas tensionadas, específicas, así como la capacidad de Inspección y Sanción para aquellos fondos o bancos que mediante el acoso continuado, la presión inaceptable, pretenden desahuciar a vecinos y vecinas que fueron adjudicatarios de una vivienda de protección en nuestra ciudad.

Desde Coalición por Aranjuez, afirmamos que: una administración pública que no cumpla con sus competencias o responsabilidades no está ejerciendo adecuadamente las funciones que la ley le atribuye o que no presta los servicios públicos que tiene obligación de garantizar.

Consideramos que, si un ayuntamiento no mantiene en buen estado las calles, el alumbrado o la recogida de residuos, podría estar incumpliendo competencias municipales; si una comunidad autónoma no gestiona correctamente la sanidad, la educación, las políticas sociales o de vivienda, podría estar incumpliendo responsabilidades que le corresponden y si la Administración General del Estado no ejecuta determinadas políticas públicas o no hace cumplir ciertas normas, también podría considerarse un incumplimiento de sus competencias.

Todos y todas, quienes conformamos la Corporación Municipal, debemos ser conocedores de que el incumplimiento, de cualquiera de las Administraciones, puede manifestarse de varias formas:

1. Inactividad administrativa: la administración no actúa cuando está obligada a hacerlo.
2. Prestación deficiente del servicio público: el servicio se presta de forma insuficiente, tardía o ineficaz.
3. Incumplimiento legal: no se siguen los procedimientos o mandatos establecidos por la normativa.
4. Falta de supervisión o control: no se vigila adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones públicas.

Cuando esto ocurre, cuando los datos son claros de que en alguna de las materias se está incumpliendo, un camino a recorrer puede ser el siguiente de los cuatro que apuntamos o los cuatro: Reclamaciones de los ciudadanos; Recursos administrativos o judiciales; Exigencia de responsabilidad patrimonial cuando se causan daños; Intervención de otras administraciones o de órganos de control. Cualquiera de estas actuaciones pueden ponerse en marcha o no, pero eso no eximirá de la responsabilidad de quienes no cumplen con sus obligaciones.

En términos sencillos, significa que si la administración correspondiente no está haciendo aquello que la ley le obliga a hacer o no lo está haciendo correctamente, afectando al interés público o a los derechos de los ciudadanos, se puede actuar.

En nuestro país, la competencia exclusiva en materia de vivienda y urbanismo corresponde a las Comunidades Autónomas (CC.AA.), como viene establecido en el artículo 148.1.3 de la Constitución Española. En consecuencia, la Ley por el Derechos a la Vivienda (Ley 12/2023) actúa como un marco estatal que fija las condiciones básicas de igualdad, pero su aplicación e implementación real dependen directamente de la voluntad y responsabilidad de cada gobierno autonómico, realidad irrefutable que todos debemos conocer.

El marco establecido de la distribución de responsabilidades y las facultades de las Comunidades bajo esta ley se estructuran:

1. Áreas de responsabilidad voluntaria (Decisión Autonómica):

1. Declaración de Zonas Tensionadas: Las Comunidades Autónomas son las únicas competentes para declarar de forma oficial una zona como “mercado residencial tensionado” tras realizar una memoria que justifique el cumplimiento de los requisitos legales.
   1. Control del precio del alquiler: La aplicación del índice de referencia para limitar los  precios de los contratos de alquiler de grandes tenedores o de viviendas que entran nuevas al mercado solo se ejecuta si la CC.AA. ha declarado previamente dicha zona como tensionada.
   1. Recargo de IBI por vivienda vacía: Aunque la ley estatal habilita a aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (IBIu) para incentivar la salida al mercado de viviendas desocupadas, la definición de qué es una vivienda vacía y la gestión del impuesto corresponde a los municipios bajo el marco que determine su Comunidad Autónoma.

• Obligaciones y competencias exclusivas de ejecución: estas son siempre competencias estructurales del ámbito autonómico:

1. Políticas de fomento y Vivienda Protegida: Son responsables directas de promover el parque público de vivienda, gestionar las ayudas económicas y definir los criterios de adjudicación de las Viviendas de Protección Oficial (VPO)
   1. Inspección y Sanciones: Tienen la potestad exclusiva para regular la disciplina de mercado, realizar inspecciones de las condiciones de habitabilidad y sancionar prácticas ilegales o de acoso inmobiliario.
   1. Gestión de planes de vivienda: Las CC.AA. asumen la gestión y cofinanciación autonómica de los fondos asignados mediante iniciativas como el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

La realidad avalada por el Tribunal Constitucional, es que el Gobierno de España no puede obligar a ninguna Comunidad Autónoma a aplicar las medidas de control de precios si esta decide no hacerlo, por tanto, la Ley define las herramientas de intervención, pero son las CC.AA. las que tienen la potestad de activarlas o no, en sus territorios. Esta realidad establece un escenario en el que uno de los caminos posibles queda descartado, el de la intervención de otras administraciones o de órganos de control, quedando el resto dentro de las posibilidades, como estamos viendo en plazas de nuestro país y especialmente en Sol, por los desahucios y por el desahucio de Doña Mari Carmen en Madrid y su trágico desenlace, en manos de  la demanda de gran parte de la ciudadanía.

Sobre la vivienda y sus distintas variables, ya hemos abordado en el  Pleno de la Corporación distintos debates, el pasado mes de septiembre con las casas de La Regalá, gestionadas por el Estado; en Junio sobre el conjunto de viviendas públicas en nuestra ciudad y otras posibilidades de desarrollo de suelo urbano y, con anterioridad, en otros plenos sobre la situación de las viviendas de protección en el Barrio de la Montaña.

En enero de 2022, el Pleno de la Corporación aprobó por mayoría absoluta, una propuesta que contenía compromisos para con los vecinos del Barrio de la Montaña que desde 2020 y antes, venían sufriendo acoso inmobiliario por parte de Global Licata SA, como gestora de un gran número de edificios en el Barrio de la Montaña,  que está vinculada al Banco Santander y al fondo Cerberus. Actualmente la gestora de Global Licata SA, deja la gestión en manos de Licata Residential SL, de los bloques de vivienda que eran propiedad del Banco Santander a quienes se les adjudicó suelo para la construcción de Viviendas de Protección Oficial, es decir, viviendas sujetas a PROTECCIÓN, exentas de especulación.

El Banco Santander, a través de Global Licata SA y ésta a través de Licata Residencia SL, han considerado que la protección oficial de las viviendas había terminado a los 15 años, con todas las contradicciones que los vecinos y vecinas afectados han planteado, poniendo en evidencia esta afirmación de la propietaria y todas sus gestoras y fondos interesados, porque sus condiciones sociales no han cambiado, por desgracia, de cuando fueron adjudicatarios de un alquiler social y por considerar que la protección, al menos es de 25 años y no de 15.

El Banco Santander no ha esperado, ni siquiera, a los 15 años que daban por terminada la protección, porque antes del 2020 ya estaban acosando y amenazando con los desahucios a las familias, recordando que estas viviendas se adjudicaron en 2005, como una implantación obligada para un desarrollo de un PAU de vivienda social.

Esta es la verdadera especulación, en la que los Bancos y Fondos de Inversión están implicados. ESTOS SON LOS FONDOS BUITRE. El desarrollo urbanístico, la construcción de estas viviendas fue adjudicada a Fadesa y al Grupo Comar,  como Unión Temporal de Empresas. Estas viviendas de protección se levantaron sobre parcelas vinculadas financieramente a entidades bancarias, inicialmente a Banesto, y tras su absorción al Banco Santander. Años después del concurso de acreedores y posterior liquidación de Martinsa-Fadesa, todos los activos inmobiliarios pasaron a manos de fondos de inversión controlados por el Banco Santander y firmas como Ceberus, operando comercialmente bajo una entidad jurídica Global Licata SA, hoy Licata Residencial S.L., como ya hemos trasladado.

Han logrado expulsar a muchos de nuestros vecinos y vecinas de estas viviendas, objeto de especulación, otros han tenido que asumir nuevos contratos que en muchos casos se han acercado al doble de lo que venían pagando, pero desde nuestro Grupo Municipal, consideramos que la presión sobre estos vecinos y vecinas sigue siendo constante, comunicando de forma periódica desahucios y presiones de todo tipo.

En el pleno de enero de 2022, entre otras muchas medidas se aprobó, por mayoría absoluta, la siguiente:                      

“Valora positivamente el anuncio del Gobierno de España para la implantación de un sistema que posibilite a los Ayuntamientos limitar los precios de alquiler en zonas tensionadas como por ejemplo las del Barrio de la Montaña.”

En 2022, ya apuntábamos, como así sucedió en 2023 que se iba a implantar un sistema para ayudar a las familias que estaban siendo ostigadas, acosadas, expulsadas de sus viviendas. El sistema se ha introducido en la Ley de Vivienda, aportando instrumentos legales, no para ir contra los pequeños tenedores que no han provocado la crisis del alquiler, sino para controlar el precio del alquiler en aquellas zonas que por sus características se estaba especulando con la vivienda, o se había adquirido esta masivamente para especular, especialmente viviendas de protección, construidas con todas las bonificaciones y de menor coste que las viviendas libres.

De igual modo, la Ley, deja en manos de las Comunidades Autómomas, la posibilidad de definir que es una vivienda vacía para determinar que los municipios puedan aprobar un recargo del IBI por vivienda vacía, no tanto  para perjudicar al pequeño propietario, sino para parar con la especulación que los grandes tenedores aplican, especialmente los bancos, conocedores del problema que crean en las ciudades y asignándose grandes beneficios con las viviendas que alquilan o venden.

Otra realidad que debemos tener en cuenta es que la Ley de Vivienda otorga a las CC.AA. y, por tanto, a la CM (nuestra Comunidad) las competencias en políticas de fomento y vivienda protegida, que como planteamos junto al Grupo Municipal de ACIPA, en referencia al Plan Vive y las viviendas construidas en nuestra ciudad, veníamos a proponer: que se instara a la Comunidad de Madrid al cumplimiento de lo establecido en su Decreto 84/2020 de 7 de octubre, ofertando precios de renta del alquiler atendiendo a lo establecido en el Art. 7 puntos 1.c) y 1.d). Revisando los precios actuales para que sean verdaderamente asequibles en función de la Renta de Aranjuez y los alquileres medios.

Propuesta en la que demostramos, con datos comparativos, que los precios conocidos, lejos de considerarse de Protección o de Vivienda Protegida, están más relacionados con el precio del mercado libre, especialmente para una ciudad como la nuestra.

El Partido Popular, especialmente, dentro del Gobierno Municipal resolvió esta proposición con la excusa de que era una propuesta que no concretaba y que el verdadero problema de la vivienda en nuestro país, era la falta de oferta y la inseguridad jurídica, alejándose totalmente de que estábamos hablando de más de 700 viviendas públicas disponibles en nuestra ciudad, de lo concreto, de Aranjuez, que solventaría con una oferta accesible gran parte si no todo, el problema en Aranjuez, no en Madrid, no en España, no en el Mundo.

En esa propuesta que presentábamos los Grupos Coalición por Aranjuez y ACIPA, centrábamos el objetivo en todas las viviendas públicas construidas o en propiedad de las Administraciones en nuestra ciudad, no de la iniciativa privada de los pequeños propietarios, a donde se intentó desviar el debate. La presentamos con el objetivo de incorporar el interés de la ciudad, por encima del interés de las administraciones, planteando una reivindicación institucional, pensando única y exclusivamente en los intereses de los vecinos de nuestra ciudad, puesto que de otros ámbitos no nos corresponde.

Bien, hoy, desde Coalición por Aranjuez, traemos un nuevo debate que tiene que ver con el mismo problema, pero con otra cara, el de las familias que fueron adjudicatarias de una vivienda de protección por sus condiciones sociales, que han estado en manos de fondos y bancos y que no han esperado ni un minuto cuando era el momento de especular con ellas a costa de nuestros vecinos. Todos hemos conocido que el principal problema ha sido más visible y real en los edificios de la Calle Cáceres en el Barrio de la Montaña. Uno de los edificios, el de los portales 2 y 4 ya no existe, y todos, también conocemos cual ha sido la actitud de la propietaria a la hora de asumir sus responsabilidades.

EL SISTEMA ESTATAL DE REFERENCIA DE PRECIO DEL ALQUILER DE VIVIENDA, como último dato 4T de 2025 establece que: en la calle Cáceres, La Montaña (Aranjuez), y en el mapa lo amplía a toda la zona de montaña para las viviendas en altura o en edificios, las recomendaciones son las siguientes en base a percentiles y medianas.

Esta realidad, se aleja enormemente de lo que pretenden los fondos con los inquilinos de esas viviendas.

Llegados hasta este punto, desde Coalición por Aranjuez, no pretendemos que nadie vaya en contra de sus partidos, pidiendo que cumplan con los mínimos necesarios para nuestra ciudad, para con nuestros vecinos y vecinas. Es la Comunidad de Madrid, la que tiene las competencias y el marco legal para cumplirlas. No son los Ayuntamientos los que tienen los instrumentos legales para controlar el precio del alquiler de los fondos, ni las competencias, pero los Ayuntamientos, los municipios tenemos la responsabilidad de cuidar, de apoyar y de hacer todo lo posible para con todos los vecinos y vecinas, especialmente con los más vulnerable.

Sobre vivienda y las posibilidades que tenemos en nuestra ciudad ya hemos hablado en este pleno, cuando desde Coalición por Aranjuez y ACIPA, presentamos una proposición a corto, medio y largo plazo. Volvemos a recordar que, interpelaba al Gobierno Central, a la Comunidad de Madrid y a nuestro propio Ayuntamiento.  No pretendemos reproducir la misma, puesto que ya conocemos la posición de distintos grupos, por interpelados por distintas razones. Esta propuesta se establece como segundo escenario para atender los problemas de nuestros vecinos, por lo que vemos necesario manifestar una petición clara y justificada de poner en marcha actuaciones en materia de vivienda, por parte de la Comunidad de Madrid, para controlar la especulación en la vivienda de alquiler, prioritariamente en aquellas viviendas que se han construido con condiciones favorables para se proyectadas como viviendas protegidas y que están en manos de los bancos o fondos de inversión.

En consecuencia, venimos a proponer a los concejales y concejalas que, para la defensa de los vecinos y vecinas que están sometidos a coacciones por fondos que pretenden especular con la vivienda, nos manifestemos con decisión en base a la responsabilidad que nos da ocupar una silla en el Pleno y aprobemos lo siguiente:

• Solicitar formalmente a la Comunidad de Madrid, que en pro de sus competencias para el desarrollo de actuaciones para el control del precio del alquiler, ponga en marcha los mecanismo que nos permitan proyectar zonas tensionadas, donde se han construido viviendas protegidas y adjudicadas a familias social y económicamente ajustadas a los requisitos para su acceso, que hoy se mantienen en la misma situación, como por ejemplo las que están en la Calle Cáceres y otras aledañas propiedad del Banco Santander y gestionadas hoy por Global Licata SA o Licata Residencial SL. Que la petición se haga extensible a otras zonas, o edificios con las mismas características, cuyo origen es vivienda protegida de alquiler y que hoy están siendo sometidas a acoso para la especulación por distintos fondos, como está ocurriendo en algún edificio de la Calle Jardinero Boutelou.

• Solicitar formalmente a la Comunidad de Madrid que cumpla con sus competencias, con los instrumentos que la Ley le otorga para Inspeccionar y Sancionar, si procede, dentro de la exclusiva potestad que tiene para regular la disciplina de mercado, realizar inspecciones de las condiciones de habitabilidad y sancionar prácticas ilegales o de acoso inmobiliario en nuestra ciudad.

En Aranjuez, 19 de octubre de 2026                   Proposición GM CpA pleno ordinario OCTUBRE