España ha avanzado de forma decisiva en los últimos años en derechos LGTBIQ+. Prueba de ello es que, en 2026, nuestro país ha sido reconocido por primera vez por ILGA-Europe como el país europeo más avanzado en derechos y políticas LGTBIQ+, alcanzando un 89% de cumplimiento. La organización destaca el cumplimiento de los compromisos derivados de las leyes LGTBI y trans, la aprobación de estrategias de igualdad, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la plena implementación de la despatologización de las personas trans en el sistema sanitario.

La aprobación del matrimonio igualitario en 2005 situó a España a la vanguardia internacional al reconocer la plena igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo, incluido el derecho de adopción. Fue una conquista histórica que amplió derechos civiles y consolidó una idea profundamente democrática: que ninguna persona debe tener menos derechos por ser como es.

A ese avance se han sumado otros hitos fundamentales, como el reconocimiento de derechos reproductivos de mujeres lesbianas y familias diversas, la protección de la filiación en parejas de mujeres y, más recientemente, la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que reforzó la protección frente a la discriminación y ha incorporado medidas específicas en los ámbitos laboral, educativo, sanitario y social.

También forma parte de este marco la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como Ley Zerolo, que consolida un sistema general de garantías frente a la discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales, entre otros motivos. Esta arquitectura legal ha permitido que España sea hoy uno de los países más garantistas de Europa.

Este reconocimiento internacional es motivo de orgullo colectivo, pero no puede llevarnos a la complacencia. Las leyes son imprescindibles, pero la igualdad real se juega también en la vida cotidiana: en las calles, en los centros educativos, en los espacios deportivos, en las fiestas populares, en los servicios públicos, en los centros de mayores, en el ocio, en el empleo y en la forma en que las instituciones atienden y reconocen a todas las personas.

Mientras nuestro país avanza, también crecen los discursos de odio, la desinformación y los intentos de retroceso. En numerosos países, pero también en nuestro entorno más cercano, los derechos de las personas LGTBIQ+ están siendo cuestionados por fuerzas reaccionarias que utilizan la diversidad como arma de confrontación política. Frente a ese odio, las instituciones democráticas no pueden permanecer neutrales.

Por eso, en este 2026, queremos subrayar un avance fundamental, la tramitación de la proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para reformar el Código Penal y penalizar las terapias de conversión dirigidas a eliminar, negar o modificar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género. Con esta reforma, España dará un paso más en la protección efectiva de las personas LGTBIQ+. Porque prohibir administrativamente estas prácticas fue necesario, pero no suficiente. Quien somete a una persona a métodos, programas, técnicas o procedimientos para reprimir, modificar, eliminar o negar quién es, no está ofreciendo ayuda, está ejerciendo violencia. Y un Estado democrático tiene la obligación de castigar a quienes practican esa violencia.

El informe Estado del odio 2026 de FELGTBI+ confirma que necesitamos respuestas urgentes. Más de la mitad de las personas LGTBI+ en España, un 54%, ha vivido un hecho de odio presencial o en línea durante el último año; un 22% ha sufrido agresiones, un 36% acoso y un 29% discriminación. No son solo cifras: son vidas atravesadas por el miedo, la humillación y la inseguridad en espacios cotidianos como la calle, el trabajo, el ocio, la familia o las redes sociales, donde la LGTBIfobia se reproduce y amplifica, especialmente en el ámbito digital, donde un 44% de las personas LGTBI+ declara haber sufrido odio en los últimos cinco años.

En octubre de 2025, Arcópoli, una de las principales asociaciones de la región que trabaja en defensa de los derechos LGTBIQ+, alertó de que sus registros caían por debajo de la media. No porque hubiera menos violencia, sino porque el Gobierno de Ayuso les había recortado la financiación un 16% y presionado para que no publicaran referencias a sus propios recortes. Eso también es violencia: La de quien usa el poder para que no se vea la verdad. Detrás de cada estadística hay vidas concretas. Adolescentes que callan en clase. Familias que no encuentran respuestas. Personas que siguen preguntándose si serán tratadas con dignidad. Hablar de derechos LGTBIQ+ es hablar de la posibilidad de vivir sin miedo.

Los discursos de odio han encontrado altavoces políticos, mediáticos y digitales que normalizan la deshumanización. Porque la extrema derecha ha convertido la igualdad en una diana. Porque allí donde niegan nuestra existencia, después discuten nuestros derechos; y donde discuten nuestros derechos, después llegan los recortes, la censura, la violencia y el miedo.

La justicia también significa defender lo conquistado frente a quienes quieren recortarlo. En los últimos años hemos visto cómo los gobiernos del Partido Popular, en solitario o de la mano de Vox, han abierto una ofensiva contra los derechos LGTBI en distintas comunidades autónomas. Lo vimos en la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno de España interpuso recursos de inconstitucionalidad contra los retrocesos aprobados por la mayoría absoluta de Ayuso, por modificar de forma regresiva la normativa trans y LGTBI autonómica. El Gobierno de Ayuso, pretendía imponer informes psiquiátricos para la transición, eliminó contenidos de diversidad en los colegios, no desarrolló la atención sanitaria trans pública, no creó el Consejo LGTBI ni el Centro de Memoria previstos en la Ley de 2016, y no aplicó el régimen sancionador contra la discriminación.

Los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, tienen una responsabilidad esencial. La igualdad no se construye únicamente desde las grandes leyes estatales; también se construye desde la política municipal, desde la atención directa, desde la cultura, desde las actividades extraescolares, desde el deporte, desde la seguridad, desde los servicios sociales y desde la visibilidad institucional.

Por ello, el Orgullo debe ser también una agenda municipal. Una agenda que garantice que cualquier persona pueda desarrollar libremente su proyecto de vida sin sufrir discriminación por su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales o diversidad familiar.

Ya en febrero de 2017, el pleno de la corporación aprobó una propuesta para declarar a Aranjuez ciudad Gay-Friendly, cuidad amiga de la diversidad, situándonos entre las ciudades que avanzan en la ampliación de iniciativas en esta materia, adoptando políticas orientadas hacia el respeto de los derechos del colectivo LGTBIQ+, especialmente en el ámbito de la educación, la necesidad de impulsar campañas institucionales, para la erradicación de las actitudes y demostraciones de rechazo a las personas LGTBIQ+ y promover iniciativas en el ámbito turístico, en colaboración con la Comunidad de Madrid, encaminadas a promocionar a Aranjuez como ciudad defensora de los derechos del colectivo LGTBIQ+, ya que para nuestra ciudad debería ser un orgullo decirle al mundo que somos una ciudad comprometida con la igualdad.

Por todo ello, esta moción quiere expresar con claridad que el Orgullo LGTBIQ+ es más que una fecha en el calendario. Es memoria de quienes abrieron camino. Es defensa de quienes hoy siguen sufriendo discriminación. Y es compromiso con las generaciones futuras para que crezcan en municipios más libres, seguros e iguales.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Aranjuez con los derechos de las personas LGTBIQ+, la igualdad real, la diversidad familiar y la plena inclusión de todas las personas, con independencia de su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

Segundo. Declarar el apoyo institucional del Ayuntamiento de Aranjuez a la celebración del Orgullo LGTBIQ+ 2026, como expresión de libertad, convivencia, igualdad y defensa de los derechos humanos.

Tercero. Condenar todas las formas de LGTBIfobia, incluidos los discursos de odio, la discriminación, el acoso, las agresiones, la invisibilización, la estigmatización de las personas trans y cualquier intento de retroceso en derechos ya conquistados.

Cuarto. Instar al Ayuntamiento de Aranjuez a colocar la bandera arcoíris en un espacio visible de la institución municipal durante los días de celebración del Orgullo LGTBIQ+, como gesto de reconocimiento, visibilidad y apoyo a las personas LGTBIQ+ del municipio.

Quinto. Impulsar campañas municipales de sensibilización contra la LGTBIfobia y los discursos de odio, especialmente dirigidas a la juventud, el ámbito deportivo, los espacios culturales, las bibliotecas, las actividades extraescolares, de ocio educativo y de tiempo libre promovidas o apoyadas por el Ayuntamiento, los centros de mayores y los espacios de ocio, así como la colaboración con la comunidad educativa en el marco de las competencias municipales.

Sexto. Promover acciones de formación y sensibilización dirigidas al personal municipal, especialmente en las áreas de atención ciudadana, servicios sociales, juventud, cultura, deporte, policía local y participación ciudadana, con el objetivo de garantizar una atención pública respetuosa, inclusiva y libre de discriminación.

Séptimo. Incorporar la perspectiva LGTBIQ+ en las políticas municipales de juventud, mayores, cultura, deporte, fiestas, salud comunitaria, servicios sociales, seguridad y participación ciudadana, con especial atención a las personas LGTBIQ+ mayores, jóvenes, migrantes, trans, con discapacidad o en situación de especial vulnerabilidad.

Octavo. Reforzar la colaboración del Ayuntamiento con las entidades LGTBIQ+, feministas, juveniles, vecinales y sociales del municipio, facilitando espacios de participación, actividades de sensibilización y acciones de visibilidad durante el Orgullo y a lo largo del año.

Noveno. Impulsar, en coordinación con los servicios municipales competentes, protocolos de prevención y actuación frente a agresiones, acoso o discriminación LGTBIfóbica en fiestas populares, eventos municipales, instalaciones deportivas, espacios juveniles y actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento.

Décimo. Promover actividades culturales, educativas y de memoria democrática LGTBI que contribuyan a visibilizar la historia del movimiento LGTBI, reconocer a quienes abrieron camino y combatir los prejuicios que aún persisten.

Undécimo. Reafirmar el compromiso de Aranjuez como ciudad Gay-Friendly, cuidad amiga de la diversidad, ratificado en el pleno de febrero de 2017.

Duodécimo. Dar traslado a los presentes acuerdos a la Asamblea de Madrid, al Ministerio de Igualdad, a la FELGTBIQ+yal Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia.

      Laura Hernández                               Miren Astuy                                 Alfonso Sánchez

 Pvoz adj. del Grupo PSOE      Pvoz adj. Coalición por Aranjuez        Pvoz Más Madrid Aranjuez

Ayuntamiento de Aranjuez        Ayuntamiento de Aranjuez              Ayuntamiento de Aranjuez

por CPA

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